Para detener la alarmante pérdida de biodiversidad y proteger especies en peligro de extinción, se requiere que las prácticas agrícolas sostenibles sean implementadas amplia y efectivamente, según el informe del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), de junio 2017 (IISD, 2017). La producción agrícola representa actualmente el 40 por ciento de la superficie terrestre mundial y es responsable del 70 por ciento de las pérdidas proyectadas en la biodiversidad terrestre debido a la conversión generalizada de la tierra, la contaminación y la degradación del suelo (IISD, 2016).

A esta grave situación se suma el impacto que está generando el cambio climático a nivel global. Los países de América Latina y el Caribe comparten el desafío ambiental de adaptación a los efectos del cambio climático y la conservación de la biodiversidad terrestre y marina y, por lo tanto, tienen el gran reto de promover patrones de producción y consumo sostenibles de alimentos y bienes comerciales, transformar los patrones tradicionales de sus modelos agroproductivos y garantizar la sostenibilidad de su desarrollo, con metas de erradicación de la pobreza extrema, la desigualdad y la inseguridad alimentaria de una población en constante crecimiento.

Los impactos del deterioro de los ecosistemas y del cambio climático afectan sobre todo a los sectores sociales más vulnerables, entre los cuales están los pequeños agricultores campesinos, los pescadores artesanales, los pequeños productores forestales, los pueblos indígenas y los pueblos y las comunidades tradicionales, dado que dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia y la generación de renta.

En los últimos años, los países de América Latina y el Caribe han realizado importantes esfuerzos para lograr una mayor inserción de la agricultura en un marco de desarrollo incluyente y sostenible, para lo cual se están formulado e implementado diversas políticas agropecuarias y ambientales, pero aún con ausencia de una visión que considere las sinergias y objetivos comunes entre los distintos sectores del desarrollo.

El desarrollo y la planificación de políticas territoriales, incluyentes y centradas en la convergencia de resultados, implica la construcción de visiones más integrales de país, que vinculen sociedad, territorio, medioambiente y economía, considerando la interacción de distintos actores sociales.

Implica también asegurar que dichas políticas trasciendan más allá de períodos de gobierno. La agudización de la crisis ambiental, los desafíos que presentan el cambio climático y la pobreza rural generan la necesidad de adoptar enfoques agroambientales que reflejen una mayor armonización de las políticas públicas y consideren las interrelaciones de los sectores agropecuarios, forestal, pesca y acuicultura, con el sector ambiental, dado que todos ellos dependen de los servicios proporcionados por los ecosistemas.

En nuestra región es preciso aún compatibilizar la conservación de los recursos con un crecimiento económico socialmente equitativo y la seguridad en la alimentación. La transición a un futuro sostenible exige señales adecuadas que se deriven de la regulación, fiscalidad, financiamiento y gobernanza de los recursos naturales. Se requiere, igualmente, una arquitectura interinstitucional, mayor participación del sector privado para responder a los retos planteados, y generar una agenda que considere los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incorporando mecanismos de seguimiento que permitan establecer el desempeño de las iniciativas orientadas a mejorar la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Las políticas agroambientales en los países de la región suponen una nueva forma de intervención pública en el sector agrario. Su aplicación aún parcial y dispersa determina que los efectos que puedan tener sobre el medio rural dependan de cuál sea su papel para generar cambios estructurales en la futura política agraria. Ello constituye precisamente uno de los retos en la perspectiva de lograr la armonía y proporcionalidad en la dimensión ambiental, si tomamos en consideración las enormes asimetrías entre los actores involucrados y la escasez de voluntad y de recursos para su consecución; así como la existencia de patrones de producción y consumo que no han cambiado, lo que permite postular que avanzar hacia la sostenibilidad a través de políticas agroambientales representa el mayor desafío en el siglo XXI.

Como resultado de las discusiones llevadas a cabo durante la Conferencia Rio+20 por representantes de los Estados y la sociedad civil, respecto a la urgencia de llevar a la práctica uno de los retos más complejos del paradigma del desarrollo sustentable, que es la conciliación entre producción de alimentos, seguridad alimentaria y conservación del ambiente y los recursos naturales, surgió la iniciativa del proyecto “Fortalecimiento de políticas agroambientales en países de América Latina y el Caribe a través de diálogos y experiencias nacionales” (GCP/RLA/195/BRA). Este proyecto se inició en 2012, en el marco del Programa de Cooperación Internacional Brasil/FAO, y su ejecución está a cargo de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, en alianza con el Ministerio del Medio Ambiente del Brasil y la Agencia Brasilera de Cooperación.

A través de este proyecto, se viene trabajando en coordinación con los servicios y administraciones principalmente de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente de Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, México, Nicaragua, Panamá y Paraguay, además del Brasil. Se han desarrollado estudios de diagnóstico nacional y sistematizado instrumentos de política productiva y programas que incorporan variables ambientales en cada país, cuyos resultados han sido discutidos en diversos talleres y espacios de diálogo participativo a nivel nacional y regional. Se han evaluado las realidades nacionales en términos de las fortalezas, debilidades, amenazas, desafíos y lecciones aprendidas derivados del análisis de los casos, con el fin de avanzar hacia políticas con enfoque agroambiental.

Sobre esta base, se han construido concertadamente las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales en América Latina y el Caribe, como un importante producto del proyecto. Con el propósito de compartir las experiencias y aprendizajes, el presente documento sintetiza los estudios desarrollados en Costa Rica, Cuba, Panamá, Paraguay y un nuevo caso del Brasil, complementando y ampliando la publicación anterior del proyecto, la cual presentó los análisis y lecciones extraídas de casos de Brasil, Colombia, Chile, México y Nicaragua (FAO, 2014). Cada experiencia examinada constituye un instrumento destinado a favorecer el diálogo y avanzar en la aplicación del enfoque agroambiental en el desarrollo y mejoramiento de políticas y estrategias para el desarrollo rural, ordenamiento territorial y manejo sostenible de los recursos naturales, a la par de las políticas económicas y de desarrollo emergente. No obstante las particularidades de cada país, se han identificado temas y desafíos comunes a abordar para el fortalecimiento y aplicación de los instrumentos de política agroambiental.

La FAO y el Gobierno del Brasil, a través del proyecto “Fortalecimiento de políticas agroambientales en países de América Latina y el Caribe…”, se complacen en dar a conocer estas experiencias con el fin de contribuir a fortalecer los conocimientos en la materia. El propósito, en último término, es favorecer la adopción de enfoques innovadores que aborden los desafíos de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y combatir la pobreza rural, generando viabilidad económica en la producción de alimentos y bienes comerciables y conservando, a la vez, los ecosistemas que sustentan dicha producción en un escenario de cambio climático.

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  • Autor: FAO
  • Fuente: FAO
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