El asesinato de Berta Cáceres, activista hondureña, ha concitado la atención internacional no solo porque era reconocida por su lucha contra la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca sobre territorio indígena lenca, sino porque además había recibido recientemente el Premio Goldman, el más importante a nivel mundial en materia ambiental. La familia de Berta culpa directamente a la empresa constructora de origen chino, sin embargo aún siguen las investigaciones. Se sabe además que algunos familiares de la activista han decidido dejar el país por temor a otro atentado contra sus vidas. “Con el asesinato de Berta Cáceres se está enviando un mensaje bastante preocupante sobre el riesgo que enfrentan los defensores de los derechos humanos y en especial los defensores del ambiente en la región”, señaló María José Veramendi, representante de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Berta era beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH. Es decir, la Comisión le había solicitado al Estado de Honduras adoptar medidas para proteger la vida e integridad de Berta, y ahora vemos que no otorgó ninguna garantía para protegerla”, resaltó Veramendi en declaraciones para Actualidad Ambiental. “Lo que las organizaciones estamos pidiendo es una investigación rápida, objetiva y eficaz de este caso. Estamos pidiendo que se haga justicia”, enfatizó. LATINOAMÉRICA PELIGROSA PARA AMBIENTALISTAS La especialista en derechos humanos indicó que el riesgo de los ambientalistas en la región ya había sido alertado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Naciones Unidas, entre otros organismos. Incluso, un informe de Global Witness determinó en el 2015 que Honduras era el país más peligroso para ejercer la defensa del ambiente, en esa lista también estaban Perú y Brasil. “Existe una situación de vulnerabilidad para los defensores del ambiente, derechos humanos y pueblos indígenas. Las empresas están defendiendo intereses particulares y existe una omisión de los Estados en controlar la actividad de las empresas que actúan impunemente en los países”, agregó Veramendi. “En el informe de Global Witness (Ver documento), nosotros éramos el cuarto país con más riesgo para los defensores del ambiente. Lamentablemente tenemos muchos casos parecidos, como el hostigamiento a Máxima Acuña (en Cajamarca), el asesinato de Edwin Chota (Ucayali), el caso más reciente del asesinato de Hitler Rojas, presidente del Frente de Defensa del Río Marañón, donde se piensa construir una serie de represas, entre otros”, explicó. Finalmente, señaló que si bien el caso de Honduras es muy grave “en el Perú también se dan casos similares que nos hacen una llamado a abrir los ojos, a no ser indiferentes, y exigirle al Estado peruano proteger a los defensores de derechos humanos y del ambiente”.

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