Marc Dourojeanni/ Profesor emérito de la Universidad Agraria La Molina Los bosques nacionales[2] o bosques del Estado directamente manejados por este, principalmente para la producción sostenible de madera, son una institución antigua en la mayoría de los países de Europa, Asia y América del Norte. Existen también en América Latina, como en Brasil y Venezuela y, existieron asimismo en el Perú. Dicho sea de paso, el primer bosque nacional del Perú fue el de Tumbes (72.102 ha) creado en 1957. El famoso Parque Nacional del Manu también se originó en el bosque nacional del mismo nombre. Pero los dos bosques nacionales más importantes del Perú fueron Iparía y Alexander von Humboldt, en los que fueron invertidos muchos millones de dólares y años de esfuerzos de muchas centenas de peruanos y extranjeros. Hoy todos esos bosques nacionales han desaparecido. En esta nota se hablará especialmente del caso del Bosque Nacional A. von Humboldt. ¿Qué son los bosques nacionales? Los bosques nacionales no son áreas naturales protegidas. En la mayoría de los países dependen de los servicios forestales y no de los de parques nacionales, aunque desde recientemente en algunos pocos países, por ejemplo en el Brasil, se les considera como una categoría de área protegida. Son bosques destinados a la producción de madera bajo manejo directo por los servicios forestales, aunque la extracción y/o las prácticas silviculturales suelen ser realizadas por empresas privadas bajo estrecha supervisión. Sus funciones son diversas y varían un poco de país a país. Incluyen desde servir como reservas de recursos forestales hasta servir para la producción de madera. En todos los casos los bosques nacionales pretenden ser modelos de manejo forestal de alta calidad, con evidencia de sustentabilidad, para dar el ejemplo y mostrar el camino de las piedras a la empresa privada que explota esos mismos u otros bosques. Es decir que en los bosques nacionales se otorga alta prioridad a la investigación científica y tecnológica y a la capacitación. También se usan los bosques nacionales, cuando necesario, para regular la oferta regional de madera. Finalmente, como cualquier plan de manejo bien hecho resulta en la demarcación de lotes como reservorios genéticos y en el respeto estricto las áreas de preservación permanente, como son los bosques ribereños, los bosques nacionales ofrecen amplias áreas para la recreación popular. Obviamente, la aplicación de planes de manejo realmente sostenibles implica, asimismo, un aporte importante a la conservación de la biodiversidad, aunque ese no sea su objetivo primario. Los bosques nacionales aparecieron formalmente en la legislación peruana con la ley forestal de 1963 (Ley 14552). Su definición de 1963 fue ratificada en lo esencial por la ley forestal de 1975 (Ley 21147) que los definió como “bosques naturales declarados aptos para la producción permanente de madera, otros productos forestales y fauna silvestre, cuya utilización podrá ser realizada única y exclusivamente por el Estado”. Además de los bosques nacionales existían, tal como en la actualidad, bosques disponibles para los contratos o concesiones forestales que eran manejados y explotados directamente por las empresas privadas. Es así cómo, a fines de los años 1960, el Perú contaba con 18 bosques nacionales que cubrían más de 6 millones de hectáreas de la Selva y de la Costa Norte. Desde fines de los años 1960 se implementó el manejo del Bosque Nacional de Iparía, cuya producción maderera se procesaba en el mayor y más moderno aserradero que el Perú tuvo en aquella época y, en los años 1970 también se implementó el manejo del Bosque Nacional Alexander von Humboldt. Pero, la historia de los bosques nacionales peruanos no fue tan exitosa como la de otros países. A pesar de que dos bosques nacionales recibieron grandes inversiones y mucho esfuerzo, enfrentaron enormes obstáculos y, a finales de la década de 1980 y especialmente en la de 1990, ya estaban todos prácticamente abandonados, invadidos y destruidos aunque unos pocos fueron convertidos o asimilados a áreas naturales protegidas. Finalmente, la legislación forestal del 2000 (Ley 27308) los descartó para siempre. El caso de von Humboldt El Bosque Nacional Alexander von Humboldt (originalmente con 537.438 ha, luego ampliado a 645.000 ha en 1974) fue creado en 1965, con parte en Ucayali y otra en Huánuco. Aunque se hicieron reconocimientos forestales desde antes de 1965 los verdaderos inventarios se iniciaron a partir de 1970 con miras a desarrollar un gran proyecto de inversión (unos 20 millones de dólares) para su explotación maderera sostenible y para la investigación en manejo de bosques tropicales húmedos, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y luego también de otras agencias. Ese proyecto se aprobó en 1973 y comenzó a ser ejecutado en 1974. Se desarrolló rápidamente, conforme a las previsiones y apenas tres años más tarde ya contaba con una infraestructura excelente, una enorme base experimental de manejo de bosques y de silvicultura, grandes viveros con producción y venta de semillas y plantones, inventarios detallados, además de contribuir a la formación de centenas de profesionales, técnicos y operarios forestales de las empresas pucallpeñas. A la FAO se sumó apoyo de Japón, Suiza y Canadá. Hasta fines de los años 1970 ya se habían realizado operaciones de extracción experimental de pequeña escala y ya estaba prevista la explotación de madera por empresas de extractores privados y por industrias locales, siempre bajo estricta aplicación del plan de manejo y supervisión directa del personal del Bosque Nacional. En julio de 1980 regresó al poder el Presidente Fernando Belaúnde Terry con redoblada obsesión por la “conquista de la Selva”. Usar sosteniblemente el bosque no estaba en sus planes que, en cambio, incluían construir Ciudad Constitución. Así, a comienzo de 1985, el ministro de Transportes, en persona, comandó una flota de tractores que pasaron sin aviso previo y sin miramientos encima de los viveros, plantaciones y demás experimentos, ante la mirada atónita de los funcionarios, inaugurando el trecho de la Marginal de la Selva entre San Alejandro y Puerto Bermúdez, que daría acceso a la ciudad soñada por el mandatario, imitando la construcción de Brasilia. Existían otras opciones para esa vía pero, la intención fue evidentemente la de decir a todos los peruanos que el progreso y la civilización para Belaúnde, pasaba por encima del bosque. Después vino la debacle. Durante el calamitoso primer gobierno de Alan García ya no había dinero para el sector público que debió abandonar casi todo su trabajo de campo y, además, el terrorismo senderista ya estaba activo en la región. Así que von Humboldt fue rápidamente invadido por madereros ilegales y luego por hordas de campesinos “sin tierra” que devastaron casi todo. A pesar de eso, la Ciudad Constitución no prosperó, por lo menos no como Belaúnde previó pero, en cambio, el Bosque Nacional Alexander von Humboldt y todo lo que se invirtió para tratar de hacer realidad el manejo forestal sustentable desapareció. En el año 2000, con la siguiente ley forestal, hasta el término y el concepto de bosque nacional sumieron en el olvido, sin ser reemplazados con nada equivalente en las leyes subsiguientes o en la actual. Para terminar Ya es probablemente tarde demás para pensar en la posibilidad de que el Perú vuelva a disponer de bosques nacionales, como con tanto éxito los hay en países como EE.UU., donde cumplen efectivamente las funciones antes descritas. Uno de los errores de los bosques nacionales peruanos fue, especialmente en el caso de Iparía, imaginar que el Gobierno podría administrar con éxito una empresa pública forestal (no llegó a ser creada pero ya tenía hasta nombre: ForestaPerú) y vencer la increíble burocracia imperante tanto en el pasado como, aún más, en la actualidad. Por eso es que en von Humboldt desde fines de los años 1970 ya estaba decidido que la parte empresarial (extracción, transporte, transformación, comercialización) fuera de entera responsabilidad del sector privado. Lo que quedaba exclusivamente en manos del Estado era la autoridad en el manejo del bosque, asegurando su mejor calidad y el estricto respeto de la legislación, aplicando las mejores técnicas disponibles. La renta por venta de la madera retornaría al Estado y debía ser reinvertida en el propio bosque y/o en la gestión del recurso forestal en general. Es decir, exactamente lo que el Servicio Forestal creado por la ley forestal vigente (Ley 29763) que es de 2015, debería hacer y no consigue debido a que no tiene capacidad para atender simultáneamente todos los bosques que se explotan en el país ni la autoridad suficiente para lograrlo. Los bosques nacionales podrían ser el reducto donde se podría demostrar la viabilidad técnica y económica del uso sustentable del bosque y donde se podría comenzar a instaurar sensatez en el desarrollo forestal nacional.

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