Una carta de noviembre de 77 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo, incluidas Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú y Buliisa Initiative for Rural Development Organisation (BIRUDO) de Uganda, pidió al Grupo del Banco Mundial (GBM) que “se comprometa a priorizar los bosques y los derechos de los pueblos de los bosques en su apoyo a los países prestatarios y la implementación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por su sigla en inglés)” al Acuerdo de París sobre el clima.

La carta, dirigida al presidente del Banco Mundial Jim Kim, coincidió con la Conferencia de las Partes 23 (COP 23) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Bonn. Pidió al GBM que priorice los bosques y los derechos de los pueblos indígenas en los marcos de políticas nacionales del Banco Mundial. En la carta también se pedía al Banco que fortaleciera las salvaguardias para proteger los bosques y los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los préstamos para políticas de desarrollo (véase el Observador de Primavera de 2017), que no están sujetos al nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco. También argumentó que el Banco debería tomar medidas para evitar el financiamiento de las causas directas e indirectas de la deforestación, incluso mediante inversiones a través de intermediarios financieros (véase el Observador de Invierno de 2017).

La carta de las OSC también instó al Banco a hacer que sus Notas Forestales, actualmente en desarrollo, estén abiertas a la consulta de las partes interesadas. Las Notas se presentaron como parte del Plan de Acción Forestal (PAF) 2016-2020 del Banco y están destinadas a orientar la política nacional sobre los bosques. Como explicó en un blog de 2016 la líder mundial de bosques de WBG, Carole Megevand, las notas “proporcionarán datos sobre el papel de los bosques en el alivio de la pobreza, la creación de empleos y la mitigación y adaptación al cambio climático. Esto informará los diagnósticos estratégicos del país y ayudará a configurar los marcos de asociación de nuestros países que guían nuestros proyectos”. Sin embargo, Petra Kjell, de la OSC Bank Information Center, comentó que “las Notas Forestales se introdujeron para presentar en el análisis nacional las amenazas y oportunidades para los bosques, lo que debería alimentar las estrategias de país del Banco Mundial. Este compromiso se vio reforzado en el proceso 18ª Reposición de la Asociación Internacional de Fomento (AID 18), pero hasta ahora las Notas Forestales permanecen cerradas para la participación de los interesados, una oportunidad perdida para soluciones genuinas para los bosques y los derechos de los pueblos de los bosques”.

El principal problema que encontramos al analizar los últimos DPL para Perú es la poca disposición mostrada por el Banco para desarrollar un sistema de monitoreo adecuado para evaluar los riesgos sociales y ambientales de sus diferentes operaciones de préstamo

HARLEM MARIÑO, DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (DAR)

A medida que avanza el cambio climático el Banco debe mejorar su acción sobre los bosques

El vínculo entre la deforestación y el cambio climático está bien documentado: como señaló Frances Seymour del Centro para el Desarrollo Global en un blog de agosto: “Si la deforestación tropical fuera un país, ocuparía el tercer lugar después de China y Estados Unidos como fuente de emisiones”. Sin embargo, abordar la deforestación es una prioridad institucional relativamente baja para el Banco, con pequeños volúmenes de préstamos en comparación con otras áreas de financiamiento del Banco y equipos del GBM en el país que a menudo carecen de experiencia forestal específica (véase el Observador de Invierno de 2016).

Según las OSC, los préstamos del Banco a través de los Préstamos para Políticas de Desarrollo (DPL, por su sigla en inglés) también han provocado la deforestación. Por ejemplo, Harlem Mariño de DAR enfatizó el efecto de los préstamos DPL del Banco sobre los bosques en países sudamericanos como Perú: “El principal problema que encontramos al analizar los últimos DPL para Perú es la poca disposición mostrada por el Banco para desarrollar un sistema de monitoreo adecuado para evaluar los riesgos sociales y ambientales de sus diferentes operaciones de préstamo. La evidencia de esto son las leyes aprobadas en Perú, como acciones previas (requeridas por los préstamos DPL del Banco) para promover inversiones al reducir la capacidad del Gobierno para sancionar las infracciones ambientales causadas por la industria extractiva, especialmente aquellas basadas en la selva amazónica”.

Mientras tanto, una de las iniciativas forestales que gestiona el Banco, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por su sigla en inglés), un fondo de inversión climática que apoya proyectos de Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de bosques (REDD), recibió duras críticas en marzo en un artículo publicado por REDD-Monitor. El artículo llama al FCPF, “El esquema de ahorro de árboles más ineficiente desde el punto de vista económico”, debido a los altos costos administrativos entre los años fiscales 2009-2015 que absorbieron el 64% del gasto de USD 55 millones del FCFP. Posteriormente, en agosto, Rainforest Foundation UK (RFUK) y EE. UU. (RFUS) plantearon inquietudes en un intercambio con el Banco Mundial sobre el consentimiento libre previo e informado (CLPI) entre comunidades afectadas por un proyecto REDD propuesto, apoyado por el FCPF en la provincia de Mai Ndombe, República Democrática del Congo. Un informe de RFUK publicado en agosto reveló que los planes de salvaguardia del proyecto Mai Ndombe, tal como están actualmente, son muy deficientes, inadecuados para garantizar una protección adecuada contra daños y necesitan una importante reelaboración, clarificación y mejora”.

A pesar de estas deficiencias, el Banco tiene un papel potencialmente importante que desempeñar para iniciar un cambio importante de política en esta área, ya que sigue siendo la mayor fuente multilateral de financiación para los bosques. Los eventos en la COP23 en sí ofrecieron algunos avances en términos de la necesidad de consultar con los pueblos indígenas como parte del proceso más amplio de las NDC. Si bien el Acuerdo de París 2015 reconoció la contribución del conocimiento indígena en el tratamiento del cambio climático, la COP23 se basó en esto, argumentando que los países “deberían, al tomar medidas para abordar el cambio climático, respetar, promover y considerar sus respectivas obligaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”. Las OSC tienen la esperanza de que el Banco preste atención a este lenguaje en su propia política forestal.