El Congreso de La República aprobó una polémica ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali.

La nueva Ley 30723, que se sustenta en el Proyecto de Ley 1123 presentado por la bancada fujimorista en diciembre del año pasado, a iniciativa del congresista Glider Ushñahua, ha generado serios cuestionamientos debido a que la construcción de carreteras en esta zona del país pondría en riesgo territorios de diversos Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) como los Mashco Piro, Isconahua, Amahuaca, entre otros que habitan la región Ucayali.

La presencia de los Piaci en la frontera de Ucayali con Brasil ha sido documentada y es la que ha promovido la creación de tres reservas indígenas como la de Murunahua (470,305 hectáreas), Mascho Piro (816,057 hectáreas) e Isconahua (298,487 hectáreas), espacios que estarían amenazados con esta nueva norma, según declaraciones de los líderes indígenas y expertos consultados por Mongabay Latam, además de la Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti, aún no categorizada.

Cualquier vía en esta zona afectaría también a seis áreas naturales protegidas: los Parques Nacionales Alto Purús, Cordillera Azul, Sierra del Divisor; las Reservas Comunales Purús y El Sira; y el Área de Conservación Regional Imiria.

Ruth Buendía, lideresa indígena ganadora del Premio Goldman 2014 y actual secretaria de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), dijo a Mongabay Latam que tanto los pueblos indígenas como las organizaciones que los representan están en contra de la ley, porque afecta territorios de los Piaci. “Mientras no haya seguridad jurídica para los territorios de los pueblos indígenas no se debería construir carreteras que pueda vulnerar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”, declaró Buendía.

La líder indígena señaló, además, que primero se debe garantizar la titulación de sus territorios, pedido que vienen reclamando desde hace varias décadas, antes de emitir leyes para construir carreteras que afectarían sus territorios.

¿Y lo que dijo el papa Francisco?

En otro momento, Buendía recordó el discurso que el papa Francisco ofreció ante más de 3000 indígenas en Puerto Maldonado, Madre de Dios, en el que el sumo pontífice se refirió a los pueblos en aislamiento y dijo: “Estoy pensando en los PIACI, sabemos que son los más vulnerables. Sigan defendiendo a estos hermanos. No podemos disponer de los bienes comunes al ritmo de la avidez”.

Al respecto, la lideresa indígena sostuvo que “el gobierno y los congresistas hacen lo que les da la gana, a pesar del discurso del papa Francisco en el que nos llamó la atención a todos, pero veo que ellos no acataron el discurso. Los congresistas han asistido y escucharon el discurso, pero solamente fue un saludo a la bandera”. Agregó que los pueblos indígenas se están organizando para hacer protestas y reclamar por sus derechos.

Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA por su sigla en inglés), señaló que “los pueblos indígenas, en múltiples oportunidades, han expresado su oposición a la construcción de este tipo de caminos y carreteras, y han incluso denunciado a las autoridades que las han construido violando las leyes nacionales”.

Protección de zonas reservadas

Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo le explicó a Mongabay Latam que la Constitución del Perú establece la protección de las Áreas Naturales Protegidas, de la biodiversidad y de los pueblos indígenas. Además señaló que el Convenio 169 de la OIT también es parte del derecho constitucional del Perú, por lo tanto, “ninguna autoridad nacional ni regional puede incumplir lo que establecen estas normas constitucionales”.

“En esa línea, la Defensoría del Pueblo recordará a las autoridades nacionales y regionales que esta ley no puede implementarse vulnerando o violando las leyes vigentes sobre ANP (áreas naturales protegidas) y pueblos indígenas. Si bien ha sido publicada, no puede ser implementada vulnerando la constitución”, dijo la especialista y recordó que para que se pueda construir cualquier infraestructura tanto en áreas protegidas como en territorios indígenas tienen que existir de por medio opiniones técnicas de instituciones como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y del Ministerio de Cultura.

Asimismo, Abanto precisó que solo un artículo de la nueva ley precisa que esta norma se emite “bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan”. Por lo tanto aseguró que la Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante sobre las acciones que adopten bajo esta norma los gobiernos regionales y locales, así como el Ministerio de Transporte, Provías Nacional y otras instituciones.