Un reciente reportaje del portal de investigación Convoca dejó al descubierto más de mil casos de presuntos incumplimientos ambientales durante los gobiernos de Toledo, García y Humala (entre 2002 y 2013) y que fueron “ignorados a pesar de la gravedad de los indicios”. Más del 70% de estos casos corresponden a proyectos petroleros y gasíferos en 21 regiones del país. Los inspectores ambientales presentaron sus informes con fotos, videos y geolocalización al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) entre 1998 y 2009, pero esta evidencia nunca fue evaluada por las autoridades para sancionar a las empresas responsables. Las autoridades tenían pruebas de la contaminación pero no llegaron a iniciar procesos sancionadores porque dejaron pasar el plazo de cuatro años que otorga la ley luego de recoger evidencias iniciales. Todos los casos (1101 en total) fueron archivados entre agosto de 2013 y setiembre de 2014 mediante resoluciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Contaminación en lote 192, Loreto. Foto: Acodecospat

Contaminación en lote 192, Loreto. Foto: Acodecospat

Empresas beneficiadas por archivamientos El principal beneficiado de los informes prescritos fue Pluspetrol, empresa que tiene serias denuncias de contaminación producto de la explotación petrolera en el lote 192 de Loreto. Las operadoras del grupo argentino Pluspetrol suman 149 informes prescritos. “Mientras Osinergmin estuvo a cargo de esta labor [fiscalización ambiental de hidrocarburos] dejó prescribir el 98% de los casos en un lapso de dos a trece años. OEFA hizo lo propio con veinte casos que prescribieron a los dos años de que este organismo asumiera la supervisión ambiental en este sector”, asegura Convoca. Un caso emblemático de estos reportes de presunta contaminación es el derrame de 50 mil galones de petróleo del Oleoducto Norperuano de PetroPerú, de los cuales 25 mil desembocaron en el río Marañón. Empresa aseguró que fuga de petróleo fue controlada y no afectó ríos. En este caso, al igual que los otros que fueron archivados, no inició un proceso administrativo a pesar que se encontraron indicios de posibles infracciones graves.