El 19 de octubre pasado, el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, anunció que este país bloqueará los envíos de madera de la empresa Inversiones La Oroza (una de las mayores exportadoras peruanas) debido a que se habían detectado cargamentos de origen ilegal. Cinco días después, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, salió a poner paños fríos al tema.

“[La sanción] afecta solo a una empresa. Hay que poner atención al servicio forestal para asegurar que nuestro despacho de madera sea de tipo legal. Esto no afecta nada al TLC”, respondió el ministro.

Ferreyros se pronunció como titular del sector garante del Acuerdo de Promoción Comercial que firmó el Perú con EE.UU. en el 2006 (llamado comúnmente tratado de libre comercio) y que entró en vigencia en el 2009. La sanción del gobierno de Donald Trump se enmarca en las cláusulas pactadas entre ambos países en el anexo forestal del TLC, que obliga al Perú a garantizar la legalidad de su sector forestal. Tras la noticia, El Comercio buscó al ministro para ahondar en las implicancias que tendría la sanción en el TLC, pero no respondió nuestra solicitud.

¿Cuál es el panorama actual del sector forestal peruano?

El Comercio cruzó información de distintos organismos, instituciones y personas involucradas directamente con la lucha contra la tala ilegal y el tráfico de madera para explicar en qué contexto se recibe esta sanción. Las cifras e investigaciones demuestran que la alerta es una clara señal de la informalidad que impera en el sector.

Madera sin acreditación

Pese a los esfuerzos, el Perú no ha formalizado su sector forestal tras ocho años de la entrada en vigencia del TLC con EE.UU. De acuerdo al Gobierno Estadounidense, para este fin han destinado casi US$75 millones en asistencia técnica desde el 2009.

En setiembre del 2016, un informe de El Comercio reveló que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) detectó entre el 2009 y el 2016 irregularidades en el 80% de sus inspecciones. Es decir, desde la entrada en vigencia del TLC el único ente peruano responsable de comprobar en el bosque que la madera era extraída de zonas autorizadas no pudo acreditar la legalidad de casi toda la madera.

Desde esa fecha hasta hoy, no hay información actualizada y consolidada sobre las supervisiones del Osinfor. El Comercio solicitó una entrevista con el jefe del organismo, Máximo Salazar, en el contexto de la sanción de EE.UU., pero se excusó de declarar para este informe.

Comprador “sorprendido”

La alerta sobre los envíos de Inversiones La Oroza fue hecha por EE.UU. al Perú en febrero del 2016. El ex representante de Comercio de este país Michael Froman pidió explicaciones a sus pares peruanos sobre el origen de un cargamento de esta empresa, el cual fue paralizado en enero del 2015 en Houston debido a que Osinfor informó que un alto porcentaje era ilegal.

Según EE.UU., esta evidencia dio paso a la sanción. “Si es como dice Osinfor que el 90% de madera de los títulos habilitantes es ilegal, entonces debería sancionar a todos los exportadores de madera del Perú”, dijo sobre la sanción Luis Ángel Jurado Pomasunco, gerente de Inversiones La Oroza.

Jurado aseguró que desde el 2004 su empresa ha trabajado de buena fe y consideró que han sido “sorprendidos” por los comerciantes de madera.

“Nosotros comprobamos la madera con documentos verificados y sellados por la autoridad regional”, añadió. La referencia a los otros exportadores no es aislada; en el 2015 Osinfor no solo reportó madera ilegal de esa empresa. Como parte de la llamada Operación Amazonas (emprendida por Osinfor, Aduanas, la fiscalía ambiental e Interpol), se detectó madera ilegal en los envíos de Sico Maderas S.A.C., Inversiones WCA, Corporación Inforest MC S.A.C. y Triplay Iquitos, Corporación Industrial Forestal, entre otras firmas, en al menos tres cargamentos del Yacu Kallpa con destino a México y Estados Unidos. Fuentes de la fiscalía contra el crimen organizado de Pucallpa confirmaron que existen indagaciones sobre posibles vínculos de compañías exportadoras con otras ligadas a la extracción y comercio ilegal de madera.

La justificación remitida por algunas de estas empresas fue que contaban con toda la documentación en orden. “La madera que tiene papeles oficiales no necesariamente es una madera legal, eso es algo que se conoce hace muchos años”, acotó Julia Urrunaga, directora del Environmental Investigation Agency (EIA, por sus siglas en inglés) en el Perú. En el 2012, el EIA publicó una investigación sobre el lavado de madera en el Perú y corroboró que en nuestro país es una práctica común legalizar madera con documentos oficiales que se consiguen fácilmente en el mercado negro.

El ex jefe de Osinfor Rolando Navarro, uno de los artífices de Operación Amazonas, dijo que durante el 2015 se detectó que un grupo de exportadoras permitía recurrentemente carga de madera de origen sospechoso.

“Lo que deben hacer es trabajar en la trazabilidad de la madera”, acotó Navarro, en referencia a lo que las autoridades deberían hacer sobre la ruta de la madera desde su origen. Esta, dijo, es deficiente.

El ex ministro de Comercio Exterior Alfredo Ferrero consideró que si bien la sanción impuesta por EE.UU. se limita a una empresa y no pone en riesgo el TLC con este país, la recurrencia en casos similares sí podría afectar todo el sector.

“El Perú tiene que acreditar que lucha contra el comercio ilegal de madera. El país es el responsable de la certificación de la madera en cuanto a exportación”, dijo.

Serfor: el Perú está comprometido con fortalecer el sector

El Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), como autoridad nacional forestal, sostuvo a través de un comunicado que en estos últimos dos años trabaja para fortalecer el sector forestal y convertirlo en una actividad competitiva. Para ello, asegura que ha implementado herramientas legales de control y de coordinación en el país.

Estas acciones incluyen la nueva ley forestal, que entró en vigencia en el 2015 y que abarca mecanismos de trazabilidad de la madera. Por ejemplo, las personas están obligadas a llevar los libros de operaciones de títulos habilitantes a los centros de transformación primaria de madera, para asegurar la legalidad del producto. Además, se aplican sanciones a quienes promuevan el aprovechamiento de madera con información falsa.

El Comercio cruzó base de datos de Aduanas y cotejó que desde el 2015 el Perú ha reducido las exportaciones de madera. Mientras en el 2015 se registraron US$120,21 millones en valor FOB (precio de la carga puesta en un buque lista para ser exportada) de productos exportados, en el 2016 fueron US$101,39 millones en valor FOB y hasta setiembre de este año solo US$50,39 millones. Además, se registra una caída drástica en las exportaciones hacia EE.UU., al pasar de US$15’617.902 en valor FOB en el 2014 a US$8’358.048 en el 2016.