A través de una declaración pública, la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (Redcip) – Ucayali, pidió al Estado peruano resarcir su deuda histórica de titulación de los pueblos indígenas para cuidar los bosques y enfrentar el cambio climático. Por eso mismo pide al gobierno que se entregan los títulos de propiedad.

Por ello también solicitan que las comunidades indígenas sean consideradas como “protectoras ancestrales de las tierras”, pedido que se encuentra amparado por las normas nacionales e institucionales de rango constitucional.

Asimismo, la Redcip anunció la articulación de fuerzas con otras organizaciones indígenas que buscará emprender una campaña de comunicación que busque fortalecer la seguridad jurídica para así evitar el despojo de los territorios indígenas por las concesiones.

El pronunciamiento fue difundido tras la clausura del Taller de difusión de derechos territoriales indígenas y la titulación comunal en Ucayali, que se realizó en la ciudad de Yarinacocha.

El taller, donde se analizó la situación actual de titulación de comunidades nativas en la región Ucayali, contó con la participación de comunicadores indígenas de Yarinacocha, Coronel Portillo, Aguaytía, Atalaya y Contamana.

El pronunciamiento también hace énfasis en la Declaración Conjunta de Intención (DCI), convenio suscrito entre los gobiernos de la República Federal de Alemania, el Reino de Noruega y la República del Perú, para luchar contra el cambio climático, la deforestación y la reducción de gases de efecto invernadero.

En este sentido, el Gobierno peruano asumió el compromiso de sanear y brindar seguridad jurídica al territorio de las comunidades indígenas.

La Redcip, también critica que el Gobierno haya otorgado en concesión los denominados Bosques de Producción Permanente (BPP), muchos de ellos superpuestos a territorios de las comunidades nativas que obstaculizarían gozar del derecho al territorio y los procesos de reconocimiento, titulación y ampliación comunal.

“Esto representa en la región Ucayali prácticamente el bloqueo en el proceso de titulación de alrededor de 30 comunidades, afectando la meta de titular 52 comunidades definida en el marco de la DCI”, sostiene el pronunciamiento.

Fuente: La República